Día de publicación: 2026-10-31
Por: Feliciano J. Espriella
El escándalo que rodea a Guadalupe Taddei exige investigaciones y sanciones si se acreditan delitos. Pero también obliga a revisar la memoria selectiva de quienes presentan al INE como una institución históricamente inmaculada. Entre financiamientos irregulares, controversias electorales y complicidades políticas, la supuesta inocencia del árbitro electoral merece algo más que un acto de fe.
La chayotecracia nacional y los despojos de una oposición cada vez más mediocre han descubierto, entre alaridos, golpes de pecho y desgarramientos de vestiduras, que en el Instituto Nacional Electoral existe corrupción. ¡Qué espanto! ¡Qué revelación! ¡Qué tragedia para la República! Cualquiera diría que acaban de sorprender a una monja robándose las limosnas de la catedral.
El escándalo que provocaron las revelaciones sobre Guadalupe Taddei y sus presuntos vínculos con un proveedor privilegiado del INE ha desatado una epidemia de indignación entre personajes que, durante décadas, parecieron padecer una conveniente ceguera ante las tropelías del árbitro electoral.
Que se investigue hasta sus últimas consecuencias. Que se esclarezca el destino de cada peso y, si se acreditan delitos, que los responsables reciban todo el peso de la ley. Sin excepciones, privilegios ni consideraciones políticas.
Pero tampoco exageremos la comedia: estamos ante posibles delitos de corrupción, no ante crímenes de lesa humanidad. Y mucho menos ante la primera mancha en el inmaculado historial de una institución supuestamente virginal.
Lo verdaderamente repugnante es el cinismo de ciertos integrantes de la chayotecracia que hoy pontifican sobre honestidad, cuando durante años disfrutaron de generosos contratos publicitarios, convenios y otras modalidades del popularmente conocido chayote. Dinero público que, en demasiadas ocasiones, sirvió para comprar complacencias, silencios y defensas incondicionales del poder.
Porque hay una diferencia fundamental entre saquear las arcas públicas y contribuir, mediante la complicidad informativa, a desvirtuar la democracia. Lo primero lesiona el patrimonio nacional; lo segundo puede comprometer el derecho de millones de ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes.
Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿de qué INE inocente están hablando?
¿Del IFE presidido por José Woldenberg, durante cuya gestión estallaron los escándalos de los Amigos de Fox y el Pemexgate?
En el primero se documentaron esquemas de financiamiento irregular de la campaña presidencial de Vicente Fox, incluidas aportaciones empresariales prohibidas. En el segundo, recursos provenientes de Pemex terminaron vinculados al financiamiento electoral del PRI y la campaña de Francisco Labastida.
Ambos casos derivaron en sanciones multimillonarias. Pero cabe preguntar si las consecuencias políticas estuvieron a la altura del daño ocasionado a la confianza democrática.
¿O hablan del virginal IFE de Luis Carlos Ugalde, que en 2006 contempló una ofensiva propagandística contra Andrés Manuel López Obrador, alimentada por intereses empresariales y por la intervención política del presidente Vicente Fox?
Aquella elección, resuelta por un margen estrechísimo, dejó heridas profundas. Millones de mexicanos denunciaron fraude y exigieron un recuento total. Las autoridades electorales sostuvieron la validez del resultado, pero la negativa a realizar el recuento integral solicitado alimentó una desconfianza que todavía persiste.
¿Esa era la pureza institucional que hoy añoran?
¿O quizá se refieren al IFE de Leonardo Valdés Zurita, durante las elecciones de 2012, cuando las denuncias sobre gastos excesivos, tarjetas Monex y presunta compra de votos acompañaron el regreso del PRI a Los Pinos?
Aunque no todas aquellas acusaciones quedaron acreditadas judicialmente, el espectáculo de recursos, propaganda y sospechas difícilmente parecía una celebración ejemplar de la equidad electoral.
Y llegamos al santuario de Lorenzo Córdova Vianello, convertido por sus defensores en una especie de sumo sacerdote de la democracia.
¿No despertaban suspicacias sus acercamientos políticos con dirigentes opositores? ¿No resultaba cuestionable la imagen de un árbitro cuya actuación era percibida por amplios sectores como políticamente inclinada?
Recordemos también la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón en 2021, por incumplimientos relacionados con informes de precampaña. Sin negar la obligación legal de rendir cuentas, resulta legítimo cuestionar la proporcionalidad de sanciones que privaron a ciudadanos de sus candidaturas.
¿Dónde estaban entonces los guardianes de la imparcialidad?
Conviene recordar, además, que el organismo se llamó IFE hasta 2014. El cambio de nombre no borró su historia ni convirtió automáticamente en virtud sus decisiones anteriores.
Ahora resulta que toda esa trayectoria pertenece a una institución angelical que conservó intacta su inocencia durante décadas, hasta que apareció Guadalupe Taddei para introducir el pecado entre sus muros.
Según esta versión casi religiosa, sus antecesores habían mantenido al demonio de la corrupción encerrado bajo siete candados, hasta que la sonorense abrió las puertas del infierno y permitió que los bajos instintos mancillaran aquel templo de castidad democrática.
¡Por favor!
La renuncia de Taddei no sustituye las investigaciones ni demuestra por sí misma su culpabilidad. Pero tampoco debe utilizarse para blanquear el pasado.
El INE no perdió su inocencia con Guadalupe Taddei. Si alguna vez la tuvo, la fue dejando en el camino entre complicidades, intereses partidistas y decisiones que erosionaron su credibilidad.
Lo verdaderamente escandaloso no es que hoy descubramos sus pecados.
Es que algunos de sus antiguos beneficiarios pretendan convencernos de que hasta ayer seguía siendo virgen.
Por hoy fue todo. Gracias por su tolerancia y hasta la próxima.
