Impunidad: caldo de cultivo del delito

Un porcentaje altísimo de quienes cometen fraudes, violan mujeres, apalean a sus parejas, aporrean a sus hijos, asesinan a una o varias personas y sustraen cantidades importantes del erario, jamás pagan en especie o corporalmente por los delitos que cometieron.

En nuestro país los índices delictivos han tenido un crecimiento geográfico desde hace varios lustros y aunque eventualmente disminuyen en algunos rubros, crecen en otros. Desde el robo en la vía pública, viviendas y comercios hasta los más espeluznantes y deleznables crímenes, tienen un elemento en común: un porcentaje insultante bajo de quienes delinquen, son adecuadamente castigados.

O sea, que un porcentaje altísimo de quienes cometen fraudes, violan mujeres, apalean a sus parejas, aporrean a sus hijos, asesinan a una o varias personas y sustraen cantidades importantes del erario, jamás pagan en especie o corporalmente por los delitos que cometieron.

Hagamos unos pequeños numeritos. Si como todos sabemos que de cada cien delitos del orden que gusten, sólo treinta de los delincuentes son encontrados y detenidos, tenemos que el índice de impunidad es del 70 por ciento.

Pero si ahondamos más en los temas del combate y castigo a la delincuencia, conoceremos que de los 30 detenidos, la mitad no son llevados a juicio por fallas en el procedimiento de la integración del expediente por los ministerios públicos, o por errores de los efectivos policiacos en el momento de la captura o en la redacción del parte, entonces, el índice de impunidad se eleva hasta el 85 por ciento.

Ahora bien, todavía falta el proceso legal, mediante el cual, un juez determinará si el presunto delincuente es culpable o no, independientemente de que al acusado lo hayan encontrado en total flagrancia en el instante en que cometió el asesinato o tenga en sus cuentas propias y de toda su parentela miles de millones que sustrajo del erario. En esta etapa, otro 50 por ciento de los delincuentes se van a sus casitas completamente exonerados. De esa manera, la impunidad se eleva al 92.5 por ciento.

Pero no acaba ahí la cosa, porque cuando ya fueron juzgados, encontrados culpables y sentenciados a restituir el daño patrimonial que causaron, o pagar con prisión, aproximadamente 3 de cada diez de estos declarados delincuentes, consiguen algún amparo que evita pisen la prisión o que devuelvan lo robado. Y así, la impunidad se eleva hasta el 95.5 por ciento.

O sea, que de cada 1,000 delitos que se comenten aquí en México, sólo 45 de los delincuentes pagan el agravio a la sociedad. Y si nos ponemos a buscarle, estoy seguro que de esos 45, cuando menos alrededor de 35 son personas de origen humilde que no tuvieron cómo pagar su defensa por un delito que en muchas ocasiones se los inventaron.

Aquí en México, hay más probabilidades de ganar la lotería que ser condenado por un delito, ¿cómo entonces esperamos que la delincuencia disminuya si los criminales saben que las probabilidades de que paguen por lo que hicieron, son prácticamente nulas.

¿Parece mucho? ¿Les parece exagerado?

Voy a transcribir a continuación un par de párrafos que publicó en "La Jornada” el pasado 13 de Marzo el periodista Carlos Fernández-Vega en su columna "México S.A”

"Allá por abril de 2002, en el gobierno de Vicente Fox, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de Jueces y Abogados de la Comisión de Derechos Humanos de esa institución, Dato Param Cumaraswamy, hizo público su informe temático sobre México. La contundencia de su contenido desató el griterío de la clase judicial y política, que se rasgó las vestiduras a sabiendas de que lo denunciado era puntual y demoledor. Prefirió evadir su responsabilidad ante el desastroso estado de la justicia en nuestro país.

¿Qué decía el citado informe? La corrupción afecta a entre 50 y 70 por ciento de los jueces del nivel federal y acaso a un porcentaje mayor de los locales, y ese fenómeno se extiende en el seno de los órganos judiciales debido a la influencia de los traficantes de droga. La impunidad en el país para todo tipo de delitos es de 95 por ciento y parte de ese problema radica en la ineficacia de las investigaciones penales, pues tan sólo 10 por ciento de los juicios abiertos desembocan en condena. La población ha perdido la confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia (si alguna vez la tuvo). Sean cuales fueren los cambios introducidos, éstos no se aprecian en realidad; siguen vigentes el recelo, la falta de fe y la desconfianza en esas instituciones”.

Como se puede apreciar, ya desde principios de siglo se advertía que la impunidad era del 95 por ciento. Pero hay algo qué destacar y qué aclarar: el análisis de esta entrega, se refiere sólo a los delitos de alto impacto, porque en lo referente a los delitos menores como son los cometidos por los raterillos de ocasión y los teporochos del barrio, por mencionar algunos, el nivel de impunidad se eleva hasta el 99 por ciento, o sea que sólo uno de cada 100 delitos es castigado.

Este es un tema que analizaré en una entrega próxima, así como el papel preponderante que tienen los órganos encargados de la procuración de justicia: ministerios públicos, jueces, tribunales de justicia y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el tema de la impunidad.

Ellos son quienes han solapado la criminalidad en todas sus facetas y factor primordial en la preparación del caldo de cultivo que favorece la proliferación del delito.

Por hoy fue todo. Gracias por su tolerancia y hasta la próxima.

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